Los astronautas no pisan suelo firme al realizar su trabajo. Algunos aspectos de la exploración espacial están en una situación similar: el marco legal en el que se podrían realizar no está bien definido o incluso es inexistente. Esto es preocupante en una época en que se renueva el interés de algunos países en la exploración del Sistema Solar, proliferan los satélites artificiales, se construye una Estación Espacial Internacional (EEI) y se empieza a hablar de turismo espacial.

Las implicaciones potenciales no sólo atañen a los miembros de la comunidad espacial (43 naciones hasta hoy), sino a toda la humanidad. Por ejemplo, si en los nuevos mundos que ya varias naciones se aprestan a explorar hay depósitos de recursos minerales en cantidades que hagan rentable su aprovechamiento industrial o comercial, ¿quién tendrá derecho a explotarlos?.

México y la legislación espacial

Aun cuando México no lanza cohetes ni cuenta con una agencia espacial (su constitución, bajo las siglas AEXA, será discutida en el Senado de la República en septiembre), nuestro país requiere revisar y actualizar la legislación correspondiente.

Un problema que pocos han señalado es la vulnerabilidad del territorio nacional ante posibles actos de espionaje, que pueden efectuarse de la manera más inocente mediante un famoso sitio web. “Si entras a Google Earth verás que ciertas partes de China y de Estados Unidos están bloqueadas porque esas naciones tienen legislación específica”, señala el ingeniero en cibernética Fernando de la Peña. “En cambio”, alerta, “en cualquier parte del mundo puede bajarse información de México y ver sus bases aéreas. No hay reglamentación ni privacidad. Cualquiera nos puede observar desde el cielo”.

El ex colaborador de la NASA menciona también que en 2007 México perdió los derechos sobre la posición orbital geoestacionaria correspondiente a 109.2 grados de longitud oeste. Los satélitesgeoestacionarios se mantienen siempre sobre el mismo punto del ecuador de la Tierra, lo que se consigue poniéndolos en órbita ecuatorial y con una velocidad que los haga completar una vuelta en 24 horas, como el planeta. Para muchos fines prácticos, como las telecomunicaciones, es muy útil tener satélites geoestacionarios.

Pero debido a que éstos sólo pueden estar sobre el ecuador (cualquier otra órbita los llevará alternadamente al norte y al sur del ecuador), el número de satélites que pueden colocarse en órbita geoestacionaria es limitado.

Así, los países que están a la misma longitud y distintas latitudes compiten por las posiciones que les convienen. La posición a 109.2 grados oeste se asignó a Canadá porque el grupo empresarial mexicano que participó en la licitación no garantizó contar con un satélite en el plazo fijado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto seguirá pasando, añade De la Peña, “si no hay un organismo nacional que reclame y proteja las órbitas (hoy nuestro país tiene cuatro)”.

Por su parte, Julio Carbajal Smith considera imprescindible establecer una regulación más estricta en el país que contemple el desarrollo tecnológico y los negocios de telecomunicaciones, pues sólo hay leyes para la aviación y para los satélites (el marco general es una breve mención en el párrafo 4o del artículo 28 constitucional). “Es un tema de vanguardia al que no se le ha dado la importancia que requiere”, lamenta, y da cifras: “En México tenemos sólo unos 25 expertos en derecho espacial”.

“En el tema espacial”, concluye, “la norma jurídica se ve rebasada. La tecnología nos está ganando”.

Guillermo Cárdenas Guzmán es periodista en temas de ciencia y salud. Ha colaborado en diversos suplementos y medios culturales y fue reportero y editor de secciones de la revista Muy interesante.

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